La judicatura con conciencia social: Los jueces son conscientes del papel que les toca desempeñar.

La regeneración de España pasa por los tribunales. Y los jueces, conscientes del papel que parece haberles encomendado la historia, se han lanzado a perseguir la corrupción de la clase política y financiera con una sensibilidad que no habían mostrado hasta ahora. Una sensibilidad sin precedentes, tal y como pone de manifiesto el excelente artículo de José Antonio Zarzalejos, en su blog.

Textualmente cita :”En esta tesitura cabe tan solo una renovación a fondo de las instituciones, a lo que sin duda empuja la gravedad de la crisis, pero es algo que un régimen moribundo no está en condiciones de acometer (…) es probable que en los próximos años asistamos impasibles al desmoronamiento del orden institucional que, como ha ocurrido tantas otras veces en nuestra historia, desemboque en un nuevo período de inestabilidad en el que todo puede ocurrir”.

Su labor se está traduciendo en dictámenes ejemplarizantes contra líderes públicos y económicos, y arroja ya un saldo de 300 cargos electos imputados y otro centenar de financieros en la misma situación procesal. En ningún otro momento de la democracia, ni siquiera en los estertores del felipismo, se habían alcanzado estos registros, tal y como podemos leer en el confidencial.

Los hechos enjuiciados son tan recientes que la mayoría de los procesos aún se encuentra en una fase preliminar. Pero por el camino, los magistrados están dejando destellos de una nueva contundencia contra los líderes políticos y económicos que está desconcertando a la cúpula del sistema y está marcando la agenda nacional.

La cuestión es importante, pues las instituciones jurídicas son claves en cualquier democracia desarrollada. De hecho, hay dos sectores clave: Sanidad y Jurisdicción. Un país en el que ambos sectores estén en tela de juicio se hunde inexorablemente, porque fallaría la base de la seguridad jurídica y la seguridad biológica de sus habitantes.

Por fortuna, pese a los diversos intentos de deslocalización, desvertebración, privatización, leyes de Tasas, Reformas controvertidas sobre Colegios profesionales y legislación de acceso a la justicia que estamos viviendo en los últimos meses, la justicia permanece con un papel semejante a la que tuvo en Italia en la década de los 90. Una ejemplarizante regeneración social.

Por otro lado si seguimos a Xiol Ríos, J.A, tenemos que considerar que a pesar de que nuestra justicia mantiene aún rémoras derivadas de nuestra escasa tradición democrática, el sistema jurídico no alcanza a encontrar aún un significado social del Derecho, tal y como existe en los países de nuestro entorno. En esa línea, (1) Xiol destaca: “En el Estado democrático las decisiones son adoptadas por los representantes políticos elegidos libremente por los ciudadanos, que representan al pueblo, como establece la Constitución.”. La discreccionalidad política no debe confundirse con los jueces. La actuación del juez no puede ser creadora de derecho, porque la jurisprudencia no es fuente del derecho en España. La cuestión interesante es que Xiol, establece claramente que la discreccionalidad de los jueces, supondría un riesgo de desembocar en una labor de creación judicial del derecho, lo que en España es inconstitucional.

Es en este equilibrio de fuerzas donde debe moverse la justicia, en el ámbito de la interpretación, pues una cosa es no poder crear derecho, y otra diferente es privar a los jueces de su legítima libertad competencial para interpretar la ley.

De hecho, el papel de los jueces regeneradores se enmarca en ese difícil equilibrio que supone una labor encomiable y admirable en estos tiempos tan revueltos.

En la misma línea, también cabe destacar la labor activa que está realizando el CGAE (Consejo General de la Abogacía en España) en su apoyo de la justicia como un servicio social, que pueda ser comprendida por todos y esté al alcance de todos. (2)

Muchos no conocen que existe toda una plataforma de presión para luchar contra la Pobreza y la exclusión Social en España. De hecho, la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en España, El Consejo de Consumidores y Usuarios, junto con CCOO,UGT,CSI-F, USO y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia), y el CGAE mismo, forman parte de esta iniciativa excelente.

Esfuerzos insuficientes aún, pero que comienzan a perfilarse como eficaces, si mantienen su empeño y su entrega al ritmo que actualmente comienzan a funcionar.

No olvidemos nunca que las Instituciones son dirigidas por personas, y son las personas las que impulsan o no las iniciativas solidarias y de conciencia social. Por desgracia, apenas se da difusión a este tipo de iniciativas, de ahí la necesidad imperiosa de hablar de ellas.

 

——Notaciones del artículo——–

(1).-Ver Revista del Consejo General de la Abogacía Mayo 2013. “El Futuro de nuestra Administración de Justicia” Artículo de J.A.Xiol Ríos.

(2).-Ver: Juristas Por la Libertad: Adhesión a la Declaración del Mundo Jurídico ante la Realidad de los Deshaucios.

 

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Preocupación ante la desprotección de los más débiles en España:El nuevo informe de Amnistía Internacional preocupada por los Derechos Fundamentales en España.

Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales

¿Valen más unos derechos que otros?

Con este título, Amnistía Internacional acaba de poner de relieve su preocupación por el estado de la cuestión en España. ¿Realmente existe una voluntad firme para cambiar esta situación?.

Todos los derechos humanos requieren la protección del Estado. Esto significa que cuando se vulneran, las víctimas deberían poder reclamarlos, incluso ante la justicia.  Algo que hoy, en España, muchas veces no ocurre.

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En nuestro país, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como la saludy la vivienda, no están protegidos igual que otros. Pueden violarse con impunidad. Están a la intemperie. Y sin embargo, son derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo.

Un ejemplo: todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías. En laCañada Real Galiana, en Madrid, en el Distrito de Sant Martí de Barcelona, en el barrio del Cabanyal de Valencia… por todo el territorio del Estado hay familias que pierden su hogar, sus raíces, sus medios de vida, por la acción de las administraciones públicas. En ciudades como Vigo no hay ningún albergue en condiciones adecuadas para las personas sin hogar.

Los desalojos que se realizan sin informar previamente, sin permitir que las personas participen en las decisiones o sin ofrecer alojamientos alternativos, constituyendesalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional. Son violaciones graves de los derechos humanos.

Otro ejemplo: toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Esto tampoco es una realidad para miles de personas con discapacidades mentales. En España según datos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad existen únicamente 6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Los recursos públicos en salud mental son limitados y encontrar un diagnóstico o tratamiento oportunos presenta enormes dificultades. Para algunas personas que padecen estas enfermedades, el contacto con las autoridades se reduce a la contención policial. Se están violando sus derechos humanos.

Se estigmatiza a sectores enteros de población que viven en asentamientos precarios o que sufren discapacidades mentales. Asociar a ciertos sectores con delincuencia, o identificarlos como una amenaza puede preceder o propiciar en algunos casos intervenciones abusivas de las autoridades. Las mujeres que pertenecen a estos grupos están doblemente discriminadas.

Las barreras para acceder a recursos legales que les permitan hacer valer sus derechos, aumentan la indefensión y agravan la pobreza.

Los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente. Las autoridades estatales, autonómicas y locales deben garantizar que las personas puedan exigir estos derechos e incluso poder recurrir a un tribunal cuando son vulnerados.

Dejamos aquí el enlace a varios vídeos que ponen los pelos como escarpias, así como el enlace al informe completo que acaba de publicar Amnistía Internacional.